El tratado contra la falsificación Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), elaborado y suscrito por entidades empresarias de diversas parte del mundo, fue rechazado el 4 de julio por el Parlamento Europeo. El texto fue denunciado por los defensores de la libertad individual, principalmente su componente relativo a Internet.

El Acta elaborada por los sectores de grandes marcas tiene un gran consenso de los profesionales europeos. En enero de este año fue firmada por 22 de los 27 países de la Unión Europea, así como por los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, México, Marruecos, Suiza, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur. Sin embargo, para su aplicación en Europa es necesaria la validación por parte del Parlamento Europeo.

La redacción de la mencionada Acta generó fuerte rechazo en vastos sectores, llevando a que muchos eurodiputados se colocaran durante la votación pancartas de color amarillo y negro que decían «Hello Democraty, Goodbye Acta».
Por su parte, las industrias europeas de fabricación y creativas, defensoras de la norma propuesta, reaccionaron asegurando que este rechazo causará daño a la propiedad intelectual. El organismo profesional explicó que «Europa habría podido aprovechar esta oportunidad para apoyar un tratado importante, que habría mejorado las normas internacionales de propiedad intelectual». Indicaron que esperan «que el Acta siga avanzando sin la Unión Europea, lo que representa una pérdida significativa para los 27 estados miembros».

La organización europea del textil y del vestido, Euratex, ha dicho que «frente a un comercio mundial desregulado, y más allá de las discusiones de la más o menos acertada deslocalización y reestructuración llevada a cabo por las empresas en la esperanza de una cura para sus problemas, reposa la cuestión de la protección de la vitalidad y la competitividad de las PYMES europeas «. Aseguró que «mientras que las marcas famosas son (excesivamente) citadas a menudo para ilustrar la falsificación, es importante recordar que las empresas también se ven afectados por los millones de copias ilegales.»

La Unión de Fabricantes para la protección internacional de la propiedad intelectual, Unifab, también había tomado el estandarte del texto. Hubert du Potet, director de la propiedad intelectual de esta entidad puntualizó que el texto «plantea una serie de controversias, principalmente para los defensores de los derecho de los consumidores en Internet». Por esto afirmó: «nosotros creemos que es un gran paso para proteger los derechos de los consumidores, propietarios de marcas, y a los creadores de diseños y modelos. No sólo en Internet, sino también en todo el sector industrial y manufacturero.»

ACTA es un acrónimo en inglés de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que traducido al español significa Acuerdo comercial anti-falsificación. Esta ley es un acuerdo voluntario entre las naciones que cubre una amplia de gama de productos falsificados, tanto física como digitalmente. Esta propuesta se basaba en que sería la defensa ante los “incrementos de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global”, según explicaron sus promotores.

La norma incluye una muy fuerte intervención en el sector de Internet. Por esto sus detractores, mencionaban que se quebrantaba duramente la privacidad de los usuarios, ya que, una de sus medidas era que los ISP (Proovedor de Servicios de Internet) estaban obligados a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde Internet. Es decir, descubrir si el usuario se descarga contenido ilegal, lo que conllevaría a multas económicas, perder el derecho a la conexión a Internet, o como medida más extrema penas de cárcel.

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