El juez Dr. Luis Armella fue acusado de graves cargos y separado de sus funciones

Luego de la denuncia formulada por el Gobierno argentino, la Corte Suprema de Justicia del país resolvió separar al juez encargado de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto Tribunal también procedió a denunciar al juez Luis Armella ante el Consejo de la Magistratura. Dentro de la referida cuenca fluvial están instaladas un gran número de curtiembres y fábricas de calzado, cuya situación en el orden ambiental esta en proceso de revisión.

Gran conmoción causó en la Argentina exoneración del juez a cargo del plan para el saneamiento de la cuenca hídrica denominada “Matanza Riachuelo”, acompañado de una denuncia penal en su contra y de todos los sospechados, por las presuntas irregularidades en la contratación de obras.

En julio de 2008, el Dr. Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue designado por la Corte Suprema de Justicia argentina, como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa por daños derivados de la contaminación ambiental de la cuenca de los ríos Río Matanza / Riachuelo. En ella se ordenaron medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca.

Además encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del  ambiente y la prevención del daño.

Los cuatro años en que esa autoridad rigió los destinos de esa región, estuvieron plagados de resoluciones perentorias y actitudes autoritarias. Éstas generaron innumerables conflictos y atropellos a las empresas allí instaladas. Algunas han logrado insertarse en un plan que incluye un parque industrial del sector (ver nota aparte).

Recientemente en notas publicadas en el diario local “Página 12”, denunciaron detalladamente las anomalías, las que luego fueron ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se detallaron gravísimas irregularidades en la ejecución de la obras. En particular, por la concreción de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan que el propio juez Armella debía supervisar.

El 29 de agosto último la Corte Suprema de Justicia ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas. El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así  la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.

Luego de la consiguiente investigación de la AGN, el Gobierno argentino denunció penalmente al juez Armella y pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por «mal desempeño de sus funciones». Los cargos completos contra el juez Armella son “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua y ante el Consejo por “palmario mal desempeño” en sus funciones que lo llevó a “perder las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.

Según la denuncia presentada por el gobierno argentino, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación. Así realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas  al propio magistrado.

Los documentos provenientes de la también cuestionada Acumar muestran un mismo modus operandi que se repite: el juez intima a la Autoridad, bajo apercibimiento de aplicar sanciones graves, a que realice determinados proyectos y además le fija un plazo. Amparada por esa presión, Acumar omite el llamado a licitación y las obras terminan siendo otorgadas a empresas cercanas al mismo magistrado que ordenó tales emprendimientos, con valores de costo que en algunos casos llegan a implicar tres veces más que los precios de mercado.