El 29 de noviembre y el 1 de diciembre, los trabajadores de la industria curtidora española reclamaron un convenio laboral que les mantenga el poder adquisitivo, frente a la inflación que complica al país. Los mismos días, el gremio del calzado también exigió mejores condiciones.

Los trabajadores de las curtiembres realizaron el abandono de tareas luego de que las negociaciones anteriores no llegaran a buen puerto. Entre los principales reclamos figura la firma de un convenio laboral de tres años, que les asegure el mantenimiento del poder adquisitivo. Frente a la inflación que atraviesa toda Europa, los empleados curtidores piden un incremento del 5% en 2022, del 3% en 2023 y del 3% en 2024, y una actualización el 1º de enero de 2025.

Además de la mejora salarial, el gremio pide una reducción de la jornada laboral, cobertura por bajas de incapacidad temporal y accidentes ‘in itinere’, horas para acompañamiento médico de hijos y personas mayores, un día extra de libre disposición y una actualización del nomenclador.

Según el sindicato CCOO de Industria, “la patronal sigue haciendo propuestas que implican una pérdida de poder adquisitivo. Tampoco está dispuesta a reducir la jornada laboral, una de las más altas de la industria manufacturera, a complementar el accidente ‘in itinere’ o a incrementar el plus de fidelidad”. El gremio lamentó también la falta de reconocimiento a sus trabajadores. “Aunque el curtido cuenta con profesionales con una alta calificación que consiguen que los productos que fabrican tengan un potente reconocimiento internacional, el empresariado no valora su trabajo en la misma proporción. No existimos y nuestros salarios no progresan” afirmaron desde el sindicato.

Por su parte, los trabajadores del sector calzado realizaron su primera huelga luego de 45 años, para reclamar una suba de salarios que evite la pérdida de poder adquisitivo. El reclamo coincidió con la huelga de los curtidores interrumpiendo parcialmente la producción del sector.

Desde las centrales de trabajadores CCOO y UGT calificaron la medida de fuerza como “un éxito total” aunque desde la Federación de Industrias del Calzado (FICE) aseguraron que la adhesión al paro “no fue mayoritario ni homogéneo” y estimaron que se sumó a la protesta solo el 13% de los trabajadores.

Los trabajadores del calzado exigen un convenio para tres años que incluya una cláusula que garantice el poder adquisitivo. El sindicato pide un incremento salarial del 8% a partir de 2023 y una actualización en los próximos cuatro años según la variación del IPC. Además piden una reducción de jornada, un complemento a partir del cuarto mes de incapacidad temporal y una suba del plus por distancia.

Los reclamos por mejores condiciones laborales ya se habían hecho oír a principios de noviembre cuando las trabajadoras de las tiendas de Inditex marcharon por las calles de Lugo porque “no llegan a fin de mes”.

Según informaron desde la Confederación Instersindical Galega (CIG), las empleadas de las tiendas tienen peores condiciones que sus compañeros varones que se desempeñan en áreas tradicionalmente masculinas como las de logística y almacén. Además, las empleadas se manifestaron porque mientras Amancio Ortega, fundador y su accionista mayoritario, ganó en 2022 un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos, ellas “luchan por llegar a fin de mes”. Las trabajadoras denunciaron que no solo sus sueldos están congelados desde hace años sino que se han achicado por la reducción de comisiones.

El antecedente a esta protesta fue el reclamo de las empleadas de tiendas de ropa de los municipios de Gipuzkoa y Bizkaia. A fines de mayo, las trabajadoras cumplieron cinco días de huelga para denunciar la precariedad laboral que sufren. El reclamo coincidió con la realización del Black Friday y generó que tiendas como Cortefiel, Woman secret, Oysho y Merkalcalzados tuvieran que cerrar sus puertas mientras que H&M, Parfois y Stradivarius atendieron con un plantel reducido. El reclamo una vez más fue una actualización laboral ligada al IPC para conservar el poder adquisitivo del salario.

Uno de los empresarios que se refirió a las condiciones laborales en la industria textil fue el italiano Antonio De Matteis, creador de la marca Kiton. El ejecutivo le respondió a las compañías que se quejaron de no encontrar mano de obra. “¿Las empresas Made in Italy luchan por encontrar empleados? Bueno, 1.000 euros al mes no es suficiente para que el trabajo sea interesante. Si pagas 1.000 euros al mes, no encuentras un artesano” afirmó De Matteis.
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