La industria PYME argentina llevó al Parlamento un fuerte proyecto para la reactivación
La industria de Argentina atraviesa uno de los momentos más trágicos de su historia, con un fuerte deterioro simultáneo del consumo interno, la producción y la rentabilidad empresaria, que golpea con especial intensidad a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por esto, el pasado 19 de marzo más de 30 cámaras y asociaciones industriales se concentraron frente al Congreso Nacional para presentar a Senadores y Diputados una propuesta de emergencia orientada a sostener el empleo y evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
Del encuentro participaron representantes de entidades como la Fundación ProTejer, Cámara de la Industria del Calzado, Industriales Pymes Argentinos, Cámara de la Industria Marroquinera Argentina, Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Unión Industrial de San Martín, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.
La “Propuesta para la Reactivación del Sector Industrial PyME”, presentada por las entidades empresarias, constituye un programa integral orientado a contener la crisis que atraviesa el entramado fabril y a sentar condiciones para su recuperación.
El documento surge de un diagnóstico compartido por múltiples sectores industriales, que advierten una combinación de la fuerte retracción del consumo interno, caída de la producción, incremento de la capacidad ociosa y un deterioro acelerado de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
El punto de partida de la iniciativa es la declaración de la emergencia productiva, económica y social del sector industrial PyME. Este instrumento busca habilitar herramientas excepcionales que permitan actuar con rapidez frente a un escenario que los empresarios califican como ‘crítico’, en el que la continuidad de la mayoría de las firmas se encuentra comprometida. La propuesta entiende que sin medidas urgentes, el proceso podría derivar en más cierres generalizados de empresas, una mayor pérdida de empleo de la que ya se concretó y el debilitamiento estructural de las cadenas de valor locales.
Pero el componente clave es la reactivación del mercado interno, considerado el principal motor de la industria nacional. En este sentido, la propuesta incluye programas de financiamiento al consumo orientados a bienes de origen local, así como políticas que apunten a recomponer el poder adquisitivo. El objetivo es generar un círculo virtuoso en el que la recuperación de la demanda impulse la producción, el empleo y la inversión.
Uno de los ejes centrales del programa también es el financiamiento productivo. Las entidades plantean la necesidad de restablecer el acceso al crédito mediante líneas específicas para capital de trabajo, inversión y recomposición de stocks, con tasas de interés compatibles con la rentabilidad industrial. Para ello, proponen mecanismos de fondeo que permitan abaratar el costo del dinero y canalizar recursos hacia la producción, en contraposición a la actual restricción crediticia que limita la operatoria diaria de las empresas.
En paralelo, el documento propone un conjunto de medidas de alivio fiscal destinadas a descomprimir la situación financiera de las PYMEs. Entre ellas se destacan la implementación de una amplia moratoria impositiva y previsional, planes de regularización de deudas y la suspensión de embargos, ejecuciones y remates. Asimismo, se plantea la necesidad de introducir modificaciones en la legislación concursal para facilitar procesos de reestructuración que prioricen la continuidad productiva por sobre la liquidación de activos.
La iniciativa también hace hincapié en la recuperación de la capacidad instalada. Para ello, se plantean incentivos específicos que permitan poner en funcionamiento maquinaria actualmente ociosa y mejorar los niveles de utilización de las plantas industriales. Este enfoque se complementa con un programa de sustitución competitiva de importaciones, orientado a fortalecer proveedores locales, desarrollar cadenas de valor y reducir la dependencia de bienes externos.
Un aspecto particularmente relevante es el referido a la competencia desleal. Las entidades denuncian el impacto negativo de prácticas como el contrabando, la subfacturación, el fraude marcario y el ingreso de productos a través de plataformas digitales sin controles adecuados. Frente a ello, proponen reforzar los mecanismos de fiscalización y establecer condiciones de competencia más equitativas que protejan la producción nacional.
Finalmente, la propuesta incorpora una visión estratégica basada en el concepto de soberanía productiva. Esto implica no solo atender la coyuntura, sino también avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial más equilibrado, con mayor integración local, generación de valor agregado y capacidad de adaptación a los cambios del contexto global.
En conjunto, el programa combina medidas de emergencia con lineamientos de mediano plazo, con el objetivo de evitar una profundización del proceso de desindustrialización y reconstruir las bases de un crecimiento sostenible del sector PyME en la Argentina.
La delegación de empresarios fue recibida por los diputados nacionales Germán Martínez, por Unión por la Patria; Esteban Paulón, por Provincias Unidas; Pablo Farias, por Provincias Unidas y presidente de la Comisión de Industria; Santiago Roberto, por Fuerza Patria y Mario Manrique y Cecilia Moreau, por Unión por la Patria, ante quienes se presentó formalmente el documento.
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